Un estudio de la profesora María Calvo Charro analiza cómo los colegios diferenciados por sexo han pasado de ser una excepción a convertirse en una opción consolidada dentro del sistema educativo estadounidense, avalada por la legislación y la jurisprudencia.
La educación diferenciada suele asociarse a un debate ideológico. Sin embargo, en Estados Unidos la discusión ha seguido un camino diferente: el jurídico y el pedagógico. Esa es una de las principales conclusiones del estudio “Los colegios diferenciados por sexo en Estados Unidos: constitucionalidad y actualidad de una tendencia imparable”, publicado por la profesora de Derecho Administrativo María Calvo Charro en la Revista de Derecho Político de la UNED.
La autora sostiene que el crecimiento de los colegios diferenciados no responde a una vuelta al pasado, sino a la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar la calidad educativa, reducir el fracaso escolar y ampliar la libertad de elección de las familias.
De una tradición histórica a un nuevo impulso
Estados Unidos cuenta con una larga tradición de colegios de chicos y de chicas, especialmente en el ámbito privado. Muchos de ellos nacieron en el siglo XIX para ofrecer a las mujeres una educación de calidad en una época en la que el acceso femenino a la enseñanza superior era muy limitado.
Sin embargo, el verdadero cambio comenzó a principios del siglo XXI. Tras décadas de descenso del rendimiento académico, aumento del abandono escolar y preocupación por las desigualdades educativas, tanto administraciones republicanas como demócratas comenzaron a apoyar experiencias innovadoras dentro de la escuela pública.
La aprobación de la No Child Left Behind Act en 2002 otorgó a los estados una mayor autonomía para desarrollar programas educativos innovadores, entre ellos las clases y colegios diferenciados por sexo, siempre bajo determinadas garantías de igualdad y voluntariedad.
Un crecimiento respaldado por la demanda social
El estudio muestra que el crecimiento fue especialmente rápido. Cuando se creó la National Association for Single Sex Public Education (NASSPE) en 2002 apenas existía una docena de centros públicos con este modelo. Menos de diez años después, cientos de escuelas públicas ofrecían educación diferenciada total o parcialmente, y más de 400 centros habían incorporado este tipo de programas.
Según recoge la autora, este crecimiento fue impulsado tanto por administraciones republicanas como demócratas. Incluso durante la presidencia de Barack Obama se financiaron investigaciones y programas piloto destinados a evaluar el impacto de estos modelos educativos, especialmente en comunidades con mayores dificultades sociales y económicas.
Ejemplos que marcaron el debate
El artículo recoge algunos casos especialmente significativos.
Uno de ellos es la Young Women’s Leadership Academy, una escuela pública para chicas inaugurada en Harlem (Nueva York) en 1996. La mayoría de sus alumnas procedían de familias con bajos recursos económicos y, pese a ello, el centro alcanzó tasas de acceso a la universidad cercanas al 100 %, convirtiéndose en un referente nacional.
Otro ejemplo es Urban Prep Charter Academy, en Chicago, un instituto público destinado principalmente a jóvenes afroamericanos. Sus resultados en graduación y acceso universitario atrajeron la atención nacional y fueron presentados como una respuesta innovadora al elevado fracaso escolar masculino.
La autora también menciona experiencias desarrolladas en estados como Carolina del Sur, Nueva York, Texas o Alabama, donde numerosos centros públicos incorporaron clases diferenciadas para mejorar el rendimiento en matemáticas, lectura o convivencia escolar.
¿Son constitucionales los colegios diferenciados?
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es el análisis jurídico.
Calvo Charro explica que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos distingue claramente entre la segregación racial —prohibida por vulnerar el principio de igualdad— y la educación diferenciada por sexo.
Como resume la autora, “la separación por sexo en las escuelas no es per se discriminatoria”, siempre que exista una justificación objetiva y razonable y se garantice una oferta educativa equivalente para ambos sexos.
El estudio analiza especialmente dos sentencias emblemáticas: Mississippi University for Women v. Hogan (1982) y United States v. Virginia (1996). En ambos casos, el Tribunal Supremo no rechazó la existencia de instituciones diferenciadas por sí mismas, sino la ausencia de alternativas equivalentes para el otro sexo o el mantenimiento de estereotipos incompatibles con la igualdad constitucional.
La magistrada Ruth Bader Ginsburg, autora de la sentencia del caso United States v. Virginia, reconoció que existen diferencias entre hombres y mujeres, pero advirtió de que “nunca deben ser utilizadas para crear o perpetuar estereotipos”. Para el Tribunal, las diferencias solo pueden justificar programas diferenciados cuando favorecen la igualdad de oportunidades y no restringen los derechos de ninguno de los dos sexos.
Libertad de elección como principio educativo
La autora concluye que el verdadero eje del debate no debería ser la confrontación entre modelos educativos, sino la libertad de elección.
En sus palabras, “siempre constituirá un enriquecimiento para la oferta educativa poder contar con el mayor número de opciones posibles”. Desde esta perspectiva, la educación diferenciada no sustituye a la escuela mixta, sino que amplía las posibilidades de las familias dentro de un sistema plural.
El estudio defiende que, cuando se respetan la igualdad de oportunidades, la voluntariedad y la existencia de alternativas equivalentes, la educación diferenciada constituye una opción legítima dentro de un sistema democrático. Más que una cuestión ideológica, plantea un debate sobre cómo ofrecer respuestas diversas a las necesidades educativas de alumnos y familias.
Calvo Charro, M. (2013). Los colegios diferenciados por sexo en Estados Unidos: constitucionalidad y actualidad de una tendencia imparable. Revista de Derecho Político, 86, 159–194. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/12133/11409
